El Acuerdo Administrativo
0005-2013, emitido por Telcor, el cual ordena a los operadores de telecomunicaciones
solicitar visto bueno para el nombramiento de funcionarios en puestos claves,
es el resultado de la cultura por las vías de hecho, que por muchos años
alimentaron Telcor y operadores, salvo que esta vez los empresarios valiéndose
que la medida viola la privacidad de los ciudadanos, alzan su voz contra
Telcor, pero ¿En realidad los operadores han estado interesados en proteger la
información de los usuarios? ¿Por qué los asesores jurídicos de estas empresas
siempre recomendaron acatar como buenos alumnos los decretos de Telcor? ¿Será
que la clase empresarial a raíz de esta situación demandará un nuevo marco
jurídico para acabar con las discrecionalidades de Telcor?
El reclamo de los
empresarios de la industria de las telecomunicaciones, no es más que la actitud
tardía de un sector que por muchos años vino legitimando la actuación de Telcor
por las vías de hecho, mediante la emisión de acuerdos administrativos para
regir el servicios de televisión por suscripción, telefonía móvil e Internet,
en abierto detrimento de los derechos de los usuarios. ¿Por qué las empresas de
telefonías siempre guardaron silencio sobre el actuar inconstitucional del ente
regulador? ¿Por qué los asesores jurídicos de estas empresas siempre vinieron
legitimando estas actuaciones?
En relación al presente
acuerdo, Telcor no dio el paso en el vacío, midió su actuación, basado en
antecedentes y en la costumbre de la relación jurídica que tejió con las
empresas telefónicas, donde quienes siempre llevaron la peor parte de estas disposiciones
jurídicas fueron los usuarios. La actitud complaciente de las empresas
telefónicas, dio la pauta para crear un monstruo jurídico que ahora tiene la
fuerza necesaria para actuar por la vía de hecho mediante acuerdos
administrativos al margen de lo que dispone la presente Ley de
Telecomunicaciones. Telcor llegó hasta donde sus interlocutores les permitieron
llegar.
Con esto no debe asumirse
que el contenido del Acuerdo Administrativo 0005-2013 es legal y legítimo, porque
al margen de los intereses del gran capital lo que está en juego es el derecho constitucional
a la privacidad de cada uno de los individuos, puesto que esta disposición
atenta a su vez con la libertad de expresión, y a todas luces las intenciones del
ente regulador es controlar la principal pista de la información en Nicaragua:
las bases de datos servicio móvil e Internet. De manera que el principal foco
de atención del Acuerdo Administrativo 0005-2013 de Telcor, no sólo debe ser el
derecho a la libre empresa como pujan las cámaras empresariales, sino la
amenaza contra la libertad de expresión.
El acuerdo administrativo, recurre
a viejos trucos del pasado: interés público y seguridad. Dos alegatos similares
que se esgrimieron durante el proceso de consulta y discusión de la Ley de
Acceso a la Información Pública (LAIP) donde una serie de información de
interés público fue clasificada de carácter de seguridad nacional. ¿Si en
realidad el ente regulador estuviera preocupado por el interés público, desde
hace rato debió promover políticas públicas para garantizar el acceso a
Internet y abaratar los costos del servicio móvil? Igualmente si el ente
regulador estuviera preocupado por el crimen organizado en la red, ¿que estará
esperando para articular una comisión interinstitucional de
ciberseguridad?
Ante esta situación, existen
varios escenarios que pueden dibujarse como medida para destrabar este acuerdo:
primero que los viejos socios concesionarios y Telcor, vuelvan a sentarse y
llegar a un acuerdo; segundo, que en el peor de los casos empresarios recurran
por la vía legal; y tercero que el ente regulador flexibilice la medida. Cualquiera
que sean los escenarios, lo cierto es que el sector privado tiene una prueba
ética en sus manos, y demostrar que no solo están preocupados por hacer
negocios, sino también deben buscar mecanismos para garantizar la
institucionalidad de las telecomunicaciones.
El paso más significativo
que podrían hacer los empresarios, sería demandar a la Asamblea Nacional la
aprobación de un nuevo marco jurídico con trámite de urgencia, debido a que la
actual Ley 200 ya no responde al actual contexto de las telecomunicaciones e
Internet. Este nuevo cuerpo legal debe establecer reglas claras para concesionarios,
usuarios y Estado. En el fondo los empresarios saben que un nuevo cuerpo
jurídico sería la solución de fondo para superar la cultura de las vías de hecho
del ente regulador, ¿será que en esta ocasión las empresas de telefonía si
mostraran congruencia con su discurso ético y social en el mercado de las
telecomunicaciones e Internet?
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