[/caption]La repentina reactivación de Canal 6 en pleno contexto electoral, ratifica la necesidad que la Asamblea Nacional apruebe de una vez por toda la nueva Ley de Telecomunicaciones. Precisamente para evitar que este importante medio de comunicación, patrimonio público, continúe siendo manejado discrecionalmente por los gobernantes de turno; y también para que en este nuevo marco jurídico se defina Canal 6 como televisión pública.
Cada vez que aparece un nuevo medio de comunicación debe ser motivo de celebración, puesto que en principio supone una nueva tribuna para darle voz a la ciudadanía, sin embargo, en el caso de Canal 6, su reactivación se encamina a continuar monopolizando los espacios públicos a favor de un grupo de actores tradicionales.
Además, su reapertura levanta suspicacias sobre todo porque ocurre en el actual proceso electoral, ¿por qué hasta ahora la administración del presidente Ortega muestra interés en reactivar este medio de comunicación cuando al inicio de su gestión únicamente mostró menosprecio? Por tal motivo su reactivación sigue la misma estrategia de comunicación oficial que ha mostrado con otros medios que han sido cooptados. Una práctica que se inició con Canal 8, seguido por Canal 13; y ahora todo parece indicar que Canal 6 continuaría bajo esa misma estrategia.
La nueva ofensiva encaminada a la concentración de los canales televisivos en señal abierta (4, 6, 8 y 13) constata que a pesar que la estrategia de comunicación oficial en un primer momento apostó por las calles como el mejor método para ganar la batalla en la opinión pública, en la medida que se aproximan las elecciones ha terminado reconociendo que el poder se gana o se pierde en los medios, y principalmente en la televisión. Con esta nueva operación mediática la candidatura del Comandante Ortega se constituiría en la figura con más exposición de mensajes no sólo en el presente proceso electoral, sino durante las últimas cinco elecciones desde 1990.
El margen de discrecionalidad con que ha actuado el gobierno en relación a Canal6 ha sido indirectamente avalado por la Asamblea Nacional. Puesto que desde 2008 la Comisión de Medios de Comunicación guarda silencio sobre el tema. Poco o nada les ha interesado abrir la discusión de la nueva Ley de Telecomunicaciones, con el interés democrático de fortalecer la libertad de expresión y evitar la concentración de medios. En consecuencia, con este tipo de actitud han terminado allanado el camino para que el gobierno siga acaparando el espectro radioeléctrico, con el respaldo desde luego de Telcor.
Si en realidad la Comisión de Medios de Comunicación estuviera preocupada por Canal 6, una de las acciones inmediatas que emprendería sería llamar al director de Telcor Orlando Castillo para que explique por qué se ha puesto al frente de la reactivación del Canal 6. ¿En realidad como ente regulador no debería tomar distancia y promover la discusión de la nueva Ley de Telecomunicación que garantice que este medio se convierta en una auténtica televisión pública? Esta comisión debería llamar también al titular del Ministerio de Educación para que garantice los alcances del Decreto Presidencial 2004 que define a Canal 6 con una programación meramente educativa y cultural.
A pocos meses que concluya la presente legislatura sería una gravísima deuda con la democracia si la nueva Ley de Telecomunicaciones quedara engavetada. Una de las principales bajas sería precisamente Canal 6, debido a que jurídicamente se encuentra en una especia de limbo del que no se avizora una pronta salida. Canal 6 merece ser incorporado en el presente anteproyecto. Su discusión debe partir de la necesidad de que Nicaragua cuente con su propia televisión pública, teniendo como principal agenda las demandas sensibles de la ciudadanía; promover una programación de corte educativa e incorporar los rostros de niñas, niños, mujeres, etnias que históricamente han sido postergados.
Dada la trascendencia pública y el nivel estratégico que constituye Canal 6 en el mapa televisivo,la Comisión de Medios de Comunicación debería abrir el debate y replantearse incorporar este tema en la nueva Ley de Telecomunicaciones como una propuesta de televisión pública. Ojalá que en esta ocasión esta comisión asuma su verdadero rol.
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