Adrián Uriarte Bermúdez*- Reducción de personal, disminución en la circulación de impresos; reducción en plan de inversión en importación de equipos técnicos y programación enlatada; y reducción en producción informativa, forman parte de los síntomas financieros causado por la Ley 528, conocida como Ley Arce, a lo interno de las salas de redacción.
El panorama anterior, se desprende de consultas realizadas a periodistas, editores, propietarios de medios, dirigentes gremiales y especialistas en materia fiscal en relación al impacto económico de la Ley Arce, durante el período 2007-2011.
El especialista fiscal, Julio Francisco Báez recuerda que en 2005 cuando se aprobó la Ley Arce, hubo diversos debates, precisamente porque la reforma constitucional “adicionó una frase al final del párrafo cuarto del artículo 68 de la Carta Magna” cercenando el beneficio fiscal que históricamente gozaron los medios de comunicación, con el fin de importar papel, maquinaría y equipo y refacciones.
Una ley dirigida
El principal cuestionamiento que se formula a la Ley Arce, es que durante el periodo 2007-2011 únicamente se aplicó a un grupo de medios de comunicación críticos.
Especialistas tributarios consultados, coincidieron que la Ley Arce, desde su origen (2005) fue aprobada con la intencionalidad de asfixiar económicamente a los principales medios de ese entonces: Canal 2, Canal 8, Canal 12, La Prensa y El Nuevo Diario, los cuales tuvieron como principal agenda mediática, denunciar el pacto-libero sandinista.
La Ley Arce, impuso a los grandes medios de comunicación un techo de exoneración fiscal del 2.5 por ciento sobre sus Ingreso Brutos declarados en año anterior.
En 2007 Alejandro Sacasa, funcionario de Canal 2, afirmó en el semanario Confidencial, que la Ley Arce, vino afectar el plan de inversión y programación de este medio de comunicación, producto del techo fiscal inconstitucional de esta ley.
Un medio de comunicación que según publicaciones periodistas de El Nuevo Diario, La Prensa y Semanario Confidencial en noviembre de 2011, señalaron que este importante medio de comunicación estaba en negociaciones con el magnate de televisión Ángel González, versión que fue negada por la gerencia de Televicentro.
Gustavo Bermúdez, presidente de la Asociación de Periodistas de Nicaragua, afirma que Canal 2 producto de la Ley Arce y del retiro de la publicidad oficial, drásticamente redujo su equipo de periodistas y camarógrafos; y de las cuatros ediciones del telediario TV Noticias, actualmente solo sirven dos ediciones.
“Eso es un vivo ejemplo de lo que está ocurriendo en Nicaragua, ¿qué no hay persecución política?, es suficiente asfixiarlos económicamente para que los medios puedan reprimirse, incluso hay canales como Canal 2, que tenían inversión millonaria, y de 25 periodistas hoy apenas hay 5”, apuntó Bermúdez.
Bermúdez también jefe de información de Radio Corporación, mencionó que aunque esta emisora no se ha visto afectada con la Ley Arce, la alta tarifa eléctrica ha obligado a recortar programación a este medio radial.
Medios guardan silencio
A diferencia de 2005, cuando propietarios de medios cuestionaron la legalidad de la Ley Arce, actualmente pocos se atreven hablar en público sobre el tema, inclusive algunos representantes de medios que un día encabezaron la bandera de lucha contra de la “Ley Arce”.
Cuando se les consultó este particular a los canales de televisión 2, 10 y 12, sobre el impacto económico de la Ley Arce durante el período 2007-2011ninguno accedió hablar sobre el tema. Igual hermetismo hubo de parte de los medios a fines al gobierno.
En 2005, parte de las acciones de este grupo de medios de comunicación fue interponer el 29 de julio un recurso por inconstitucionalidad en relación al artículo 68, ante la Corte Suprema de Justicia, el cual todavía está pendiente su resolución.
Medios se endeudaron
Durante el período analizado sobre el impactó económico de la Ley Arce, uno de los medios más golpeado fue El Nuevo Diario.
Según el ex director fundador de este rotativo, Danilo Aguirre Solís, la Ley Arce afectó un 38% la planilla de este importante medio de comunicación.
Añadió que en 20l0 el primer recorte de personal fue del 20%; y luego en mayo de 2011, (cuando este medio se declaró en quiebra financiera) su impacto fue del 18%.
Aguirre lamentó que la Ley Arce haya obligado a reestructurar la planilla de este medio impreso, afectando a los periodistas con trayectoria que devengaban mejores salarios, siendo una de sus decisiones más difíciles que le tocó tomar durante su administración.
Agregó que la administración Bolaños, tratando de congraciarse con los medios y para ganar tiempo en relación a la vigencia de la “Ley Arce”, emitió un acuerdo ministerial el cual prorrogó el pago de impuesto en la importación a los medios de comunicación, pero que al final esta medida terminó endeudando a los medios de comunicación con la Dirección General de Aduanas.
“El Nuevo Diario, después con la nueva administración de Ortega tuvo que renegociar su deuda con la DGA, llegando acumular cuatro millones y medio de córdobas en pago de impuesto”, señaló Aguirre.
“La tormenta perfecta”
Aunque Francisco Chamorro, también ex director de El Nuevo Diario, niega que la venta de este rotativo en mayo de 2011, sea producto de la Ley Arce, señala que fue uno de los elementos que de cierto modo asfixió económicamente al rotativo.
Para Chamorro, la venta de El Nuevo Diario fue producto de una “tormenta perfecta” financiera, encabezada por el retiro de la publicidad oficial, la crisis económica internacional en 2009, y el pago de impuesto de la Ley Arce.
Añadió que durante el período 2007-2011, las exoneraciones fiscales solo protegieron las importaciones de materia prima como papel, únicamente un semestre, lo que obligó al medio asumir el pago de impuesto del segundo semestre de cada año, afectando la planilla y gastos operativos del medio.
El ex director de El Nuevo Diario, cuestionó el hecho que el criterio con que se otorgan las exoneraciones a favor de un sector que ha sido privilegiado históricamente.
“Por ejemplo, aquí subvencionamos productos agrícolas, que tenemos años y años de estarlos subvencionando, dichas por las mismas declaraciones del Comandante Arce”, adujo.
“Los principitos”
Contrario a los que cuestionan la “Ley Arce”, para Miguel Mora, director de Canal 15, Plinio Suárez, Presidente de Canal 23 y Bolsa de Noticias, y Roberto Larios, presidente de UPN, este marco jurídico vino acabar con el “privilegio” fiscal que tenían los grandes medios, y redujo la brecha entre grandes y pequeños medios de comunicación.
Mora afirma que siempre ha pagado impuesto, primero con su telediario de 100% Noticias, y ahora con Canal 15.
Pone como ejemplo, que recientemente en la importación de un transmisor digital no solicitó exoneración fiscal debido a los trámites burocráticos, y optó pagar impuesto por la importación de este equipo técnico.
Para Mora, la Ley Arce, lejos de ser un instrumento de asfixia económica vino a quitarle el privilegio de las exoneraciones a los grandes medios.
“Entonces ya había una iniquidad, yo les llamaba los reinitos, los principitos, y como yo tengo esa licencia, como yo soy medio de comunicación respeto la constitución yo puedo importar lo que quiera. Muchos trasmisores se importaron y no pagamos impuestos y esos trasmisores generan riquezas, ganancias brutas”, señala Mora.
Plinio Suárez, también asegura que esta ley no ha provocado mayores daños económicos a los medios de comunicación.
Señala que a pesar de todas las críticas, los pequeños medios escritos como Bolsa de Noticias que no importan, terminan comprando materia prima a los grandes medios.
“Muchas veces lo compramos en empresas que intermedian el papel que entró exonerado, y eso es una de las cosas que se deben de evitar”, señala Suárez.
Una ley “discriminatoria”
Un vacío en la Ley Arce, es que al no establecerse ley en la materia, la aplicación de la misma quedó bajo la discrecionalidad de la Dirección General de Ingresos y Dirección General de Aduanas. La observación la formula el ex director de la DGI, Roger Arteaga.
Según Arteaga, en todo caso la regulación fiscal a los medios de comunicación debió ser a través de una ley especial, y nunca por medio del artículo 17 de la Ley de Reformas y Adicciones a la Ley de Equidad Fiscal (528), el cual clasifica a los medios de comunicación entre “grandes” y “pequeños”.
“No podía regular esto porque aquí dice la ley tributaria regulará la materia pero nunca hubo una ley tributaria para regular esta materia, cuando se habla de materia estamos hablando de las exoneraciones a los medios de comunicación”, señala Artega.
El especialista René Vallecillo, afirma que la Ley Arce al clasificar entre “grandes y pequeños medios”, constituye una abierta violación al artículo 68 de la constitución, debido a que la carta magna no hace distinción, y una ley de menor rango, no puede reformar la constitución.
Según el reglamento de la Ley de Equidad Fiscal, los grandes medios, fueron clasificados como grandes contribuyentes, cuyos ingresos brutos ascienden los 6 millones de córdobas al año, mientras que los pequeños medios, fueron aquellos que facturan menos de 6 millones de córdobas.
¿Por qué Ley Arce?
Aguirre, Chamorro y Báez coinciden que debe dejarse constancia para la historia el nivel de corresponsabilidad que tuvo el ingeniero Enrique Bolaños en la aprobación de esta ley, puesto que el ex mandatario tuvo la potestad de evitar su reglamentación.
“El presidente Bolaños reglamentó la Ley Arce, eso tiene que quedar bien dicho. No la cuestionó. El presidente Bolaños la reglamentó. El presidente Bolaños bien pudo haber incidido, pero debe quedar constancia ante la historia”, sentenció Báez.
Añadió que en una eventual reforma fiscal, se debería abrir la discusión en relación al pago de impuesto inconstitucional a los medios de comunicación, cuya suerte jurídica continua estando en la Corte Suprema de Justicia.
*Primera entrega. Especial sobre Impacto económico de la Ley Arce durante el período 2007-2011. Fotos de Francisco Valle.
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