[/caption]Los primeros meses de este año señalan la persistencia del gobierno por afectar el trabajo que despliegan las organizaciones de la sociedad civil. El golpe más drástico ha sido el retiro de la ayuda danesa que afecta a Ética y Transparencia, Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, Fundación Violeta Barrios de Chamorro, IPADE buscando como anular su incidencia en la observación electoral y el retiro al fondo de apoyo a medios y periodistas para el desarrollo del periodismo investigativo. Los hallazgos encontrados en el estudio Visibilización de la sociedad civil en los dos principales medios escritos: El Nuevo Diario y La Prensa, realizado por el Observatorio de Medios-CINCO, presentado durante el conversatorio entre medios y sociedad civil organizado por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, demuestra una fuerte acogida en ambos medios escritos y una alta repercusión en sus agendas.
Organizaciones de la sociedad civil. El monitoreo aplicado únicamente en las portadas de El Nuevo Diario y La Prensa, arroja que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Coordinadora Civil, Movimiento por Nicaragua, Red de Mujeres contra la Violencia, Movimiento Autónomo de Mujeres, Centro de Prevención contra la Violencia, Comisión Permanente de Derechos Humanos, Ética y Transparencia, Instituto de Estudios Estratégico Políticas Públicas, se han constituido en fuentes de información con alta notoriedad en ambos medios durante el mes de enero. Los planteamientos formulados por estas organizaciones se han caracterizado por la defensa en materia de derechos humanos, gobernabilidad, transparencia, violencia y género frente al discurso oficial.
Como resultado de esa posición crítica, el poder ha reaccionado echando la maquinaria institucional con el propósito de asfixiar económicamente y regular legalmente a estas organizaciones. Las acciones oficiales han provocado el retiro de 35 millones de dólares de la cooperación de Dinamarca; hasta condicionar la existencia en espacios rentados por organismos de la sociedad civil, tal como denunció la poeta Michele Najlis, quien conduce el programa Camino de Emaús en Radio La Primerísima; además la amenaza de un proyecto de ley que lejos de regular el quehacer de las organizaciones de la sociedad civil, tiene como fin ponerles un bozal.
La estrategia del bozal ya ha dado resultado en las organizaciones de la sociedad civil, el estudio destaca que la invisibilización de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil en los medios, en parte obedece también a que muchas han optado por
replicar la política de comunicación oficial de desmediarse. La lógica de estas organizaciones es guardar silencio para no molestar al gobierno, y no poner en riesgo sus intereses. ¿Realmente esta lógica de comunicación es la mejor forma de construir ciudadanía crítica e incidir en las políticas públicas? ¿Con esta estrategia de avestruz estas organizaciones podrán proyectar su imagen deseada y rendir cuenta a los impuestos de los ciudadanos de los países donantes?
Lo cierto es que la actual actitud oficial no es más que una redición de las acciones de 2008 emprendidas contra las organizaciones de la sociedad civil. En un contexto electoral los manuales aconsejan la persuasión y el diálogo contra los grupos de presión, no el garrote y la zanahoria, como está apostando el gobierno. Se creía que estas actitudes y conductas era una página leída y releída por la militancia del partido de gobierno puesto que el mismo presidente Ortega pidió disculpas ante Barbara Stocking representante de Oxfam Gran Bretaña, por la persecución de 2008 contra organismos de la sociedad civil. ¿Se corregirá esta práctica oficial en lo que resta del año electoral?
El Nuevo Diario. El hilo que ha venido uniendo a medios y periodistas con algunas organizaciones de la sociedad civil al despuntar el año electoral, ha sido el mismo: fiscalizar al poder. A manera de ejemplo, el rol protagónico contra la corrupción que ha emprendido El Nuevo Diario, bajo la labor investigativa de Luis Galeano, José Adán Silva y Ary Neil Pantoja. La cultura del secretismo no ha sido impedimento exponer en el espejo de la opinión pública las prácticas de corrupción de la actual administración, este medio de comunicación se ha encargado de romper los candados de la Dirección General de Ingresos, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Supremo Electoral, documentado las supuestas prácticas de corrupción en estas instituciones.
En respuesta a estas publicaciones que han desgonzando una vez más el discurso demagógico oficial, los periodistas de este medio de comunicación han sido amenazados de muerte; la gerencia de este medio ha denunciado decomiso de materia prima y hostigamiento. Por más que el discurso oficial evite pronunciarse sobre este tema, en el fondo está conciente que ha sido puesto al desnudo ante la opinión pública nacional e internacional; parte de su propia militancia está conciente del mal manejo del erario público, un dato que se puede corroborar en conversaciones off the records.
Alianza estratégica. En el actual debate público, donde no hay oposición y el gran capital es aliado del gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y los medios han sido blanco de la maquinaria oficial porque han sido vistos como actores de contrapoder. Irónicamente constituyen una amenaza por tener como agenda común promover una cultura de rendición de cuentas. Por ello el oficialismo y sus aliados quieran acabar con la libertad de expresión y organización de estos actores para silenciar sus voces y no les causen ruido al discurso oficial en un año en que buscan como mantener el estatus quo.
Estos actores de contrapoder, lejos de amendentrarse han continuado tejiendo una agenda con visión de país basada en la ética, libertad de expresión, y derechos humanos, en aras de lograr erradicar la extrema pobreza, construir ciudadanía crítica y restituir la salud a la democracia. ¡Ojala el resto de las organizaciones y medios también reencaucen su misión y visión en favor de Nicaragua!
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