[/caption]La decisión del Instituto Nicaragüense de Comunicaciones y Correos, Telcor, de convocar a cadena nacional a los medios audiovisuales en señal abierta y por servicios de televisión por cable, durante el acto del 19 de julio, constituye otra abierta violación a la Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales, Ley 200, durante la administración del presidente Ortega. Sin embargo, existe una corresponsabilidad de la Comisión de Medios de Comunicación del parlamento, las autollamadas bancadas de ‘oposición’ y los empresarios de radio y televisión, los cuales en la presente situación y en los últimos cinco años, se han mostrado pasivos como queriendo decir que se trata de un capitulo cerrado. En realidad ¿no hay nada que hacer para frenar las discrecionalidades de Telcor?
En el caso del encadenamiento de la televisión por cable, el ente regulador con anticipación maquilló “legalmente”, esta determinación. De un plumazo modificó el Reglamento de Televisión por Suscripción. Y luego, a través de otro Acuerdo Administrativo dejó la mesa servida para que el gobierno dispusiera a discrecionalidad de la televisión por paga. Una de las voces que con anticipación leyó correctamente el juego de cartas de Telcor fue el comunicólogo Guillermo Rothschuh Villanueva, director del Observatorio de Medios-CINCO. En su ensayo Entre la ilegalidad y la displicencia (El Nuevo Diario.13/06/2011), señaló que con el Acuerdo Administrativos No. 013-2010, La Gaceta No 89, “los licenciatarios de los servicios de televisión por suscripción, deberán reservar gratuitamente canales televisivos para la distribución de mensajes que indique el ente regulador por requerimiento del Poder Ejecutivo”.
En los últimos cinco años llama la atención que a pesar de las arbitrariedades constantes del ente regulador, los empresarios de radio y televisión no se han pronunciado, ni como gremio ni mucho menos a titulo personal. Las actuaciones de Telcor ni siquiera han sido motivo de noticia en sus ofertas informativas. Los medio impresos han sido los únicos que han venido dejando constancia de las discrecionalidades del ente regulador. De no ser porque los medios impresos señalan la situación, pareciera que la actuación del ente regulador fuera una medida legal y legítima debido al silencio de los licenciatarios de medios audiovisuales. El ente regulador no solo ha logrado una especie de “bozal” entre los empresarios de medios, también durante la gestión del presidente Ortega consiguió segregar a la Cámara Nicaragüense de Televisión (CAN-TV), la Cámara Nicaragüense de Difusión (CANTRA) y la Asociación Nicaragüense de Radiodifusión (ANIR).
Las discrecionalidades del ente regulador no es un capítulo cerrado. La nueva ley de telecomunicaciones puede ser la llave que ponga candados a quien esté al frente de Telcor.
Durante el contexto de las elecciones municipales (2008) algunos empresarios de medios tras bastidores alegaban que su silencio obedecía al temor que el ente regulador no les renovara las licencias, pero después de la aprobación de la Ley de prorroga a las licencias de operación, ¿ahora que razones tienen para guardar silencio? Existen antecedentes que demuestran que cuando los empresarios de medios se unen pueden frenar al poder. A manera de ejemplo, en la administración del ex presidente Alemán, CAN-TV, CANTRA y ANIR, lograron ejercer presión para que el anteproyecto de ley Proyecto de Ley de Protección, Dignificación y Estímulo del Ejercicio del Periodismo no fuera aprobado, por ser considerado una medida populista del ex mandatario para asfixiar económicamente a los dueños de medios.
La CAN-TV y ANIR, tienen a su favor los compromisos públicos que asumió el presidente Ortega recién electo en relación a la libertad de expresión, distribución de la publicidad gubernamental y las exoneraciones. ¿Por qué hasta ahora estas asociaciones no piden al mandatario el cumplimiento de estos compromisos? ¿Por qué como gremio no han vuelto a solicitar una reunión con el presidente? Aunque la estrategia de comunicación del gobierno ha dejando claro que no le interesa los medios autónomos, estas asociaciones por su propia credibilidad y compromiso con la libertad de expresión, deberían insistir en el cumplimiento de estos acuerdos, así por lo menos dejarían constancia que intentaron interpelar al poder.
Resulta un contrasentido que hasta ahora el anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones, haya salido de la agenda de los medios audiovisuales. ¿En realidad los dueños de medios y periodistas obviaran que con este anteproyecto está en juego el futuro de la libertad de expresión en Nicaragua? La ausencia del tema confirma que los periodistas parlamentarios muchas veces no tienen definida una agenda de las leyes que interesan a la ciudadanía, por el contrario, son los diputados quienes casi siempre ponen el tiempo y ritmo a la agenda parlamentaria. Irónicamente los medios priorizan leyes sobre el sector empresarial, entre ellas la Ley de Costa, que la propia ley que garantiza y regula gran parte de su ejercicio profesional.
El tema también debería interesar a las bancadas de oposición. Contrario a 2008 cuando este asunto fue uno de los principales eje de campaña municipal del ex candidato a alcalde por Managua Eduardo Montealegre, en esta ocasión ninguna bancada ha mostrado mayor interés. Lo más saludable sería que en este segundo semestre medios y bancadas pujen por la aprobación de la nueva ley de telecomunicaciones; y desde luego, presionar para que se incorporen un capitulo especial sobre las cadenas nacional donde se defina técnicamente cuando caben. Las discrecionalidades del ente regulador no es un capítulo cerrado. La nueva ley de telecomunicaciones puede ser la llave que ponga candados a quien esté al frente de Telcor.
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